La administración pública tiene que entenderse como un servicio a los ciudadanos y debe adaptarse a las demandas sociales, a las nuevas formas de comunicación y, sobre todo, aplicar el nuevo marco legislativo derivado de la entrada en vigor de la ley de Transparencia.
Los objetivos marcados: ampliar y fortalecer la democracia real, facilitar el acceso a la información pública, y difundir la información a través de Internet para que pueda ser reutilizada por los ciudadanos.
En Andalucía entró en vigor el 30 de junio de 2015 y establece los plazos para su puesta en práctica en todas las instituciones públicas, con la existencia de un Portal de la transparencia, información en todas las Consejerías, Ayuntamientos, Universidades… y un objetivo básico: “La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas”.
¿Cómo se puede favorecer la participación? Una buena experiencia es la página del Defensor del Pueblo Andaluz, que incluye consultas a los ciudadanos y un canal de comunicación directa, el defensor a un clic, que permite evaluar o realizar una estadística de la situación social; además de ofrecer otras formas de comunicación (redes sociales, videoconferencia, carta…).
Pero no debemos olvidarnos de las formas de participación diferentes a las TIC, mantener el contacto con asociaciones vecinales, culturales, sindicatos…, foros de ciudadanos; asambleas… Se trata de ser permeables a las demandas de la ciudadanía para conocer los problemas reales y poder buscar soluciones, de conseguir tener empatía y evitar el conflicto. Se hace imprescindible mejorar la atención y el trato en aquellos sectores en los que la situación social es más difícil, caso de la atención a los parados o a las familias en riesgo de pérdida de vivienda, a las personas en riesgo de exclusión social, a los trabajadores en una situación de precariedad laboral, a los cuidadores de personas dependientes…
¿Qué puedo hacer para colaborar? Tenemos que mejorar nuestra formación en la utilización de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, y en eso estamos; favorecer el uso de un lenguaje claro en la legislación y, por supuesto, no sexista; hacer un uso de las redes sociales que impulse la difusión de la información de interés público que se edita; favorecer la comunicación entre los ciudadanos y la administración; fomentar el trabajo colaborativo y el uso de la red corporativa para mejorar la administración pública; participar en las acciones formativas poniendo a disposición de los demás nuestra experiencia y conocimientos; evitar la competitividad mal entendida y fomentar la colaboración, con un reparto de trabajo, tareas y horarios razonable; proponer la digitalización o impresión de los textos legislativos básicos e imprescindibles para que se aplique la legislación actualizada…
Queda mucho por hacer para mejorar la atención a la ciudadanía y los servicios públicos, pero seguimos avanzando. Incluir la participación es urgente, para empezar tendremos que votar en esta segunda vuelta electoral si no queremos que elijan por nosotros.
Haciendo pequeñas cosas, las personas poco importantes, todas juntas, podemos cambiar el mundo.
Ya lo hicimos una vez para que hubiera democracia, y habrá que intentar que sea real y efectiva, con una administración innovadora capaz de favorecer la participación para solucionar los problemas, sobre todo el paro y la precariedad laboral.
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